Escribe: Adriana Cabrera Esteve*

Orhan Pamuk comienza su novela La vida nueva con una frase contundente. Dice: “Un día leí un libro, y toda mi vida cambió.” Al leerlo uno piensa en un libro fundamental, el Corán, la Biblia, El Capital, cualquiera de los grandes libros que han supuesto no sólo una explicación sino la razón de existir para el ser humano, no importa cuál fuera su contexto cultural. Igualmente contundente parece ser el encuentro de la izquierda uruguaya con el gran texto de los derechos humanos, texto construido de necesidades, reivindicaciones, resistencias y luchas a través de los siglos, que le han servido a la humanidad para construir consensos y definir rumbos pero a un costo terrible en vidas humanas.

Los frenteamplistas asumimos la relevancia de esos derechos cuando fueron violados y a partir de entonces les dimos su valor. Esa forma cruel de aprendizaje a través de las torturas, asesinatos, desapariciones, trata de vientres, hizo que las reivindicaciones en materia de derechos humanos hicieran carne entre los más afectados de forma dolorosa, con heridas que nunca terminan de cerrar. El descubrimiento y/o construcción de tratados internacionales que los resguardaran se dio sin solución de continuidad con nuestra sensibilidad anhelante de garantías para las nuevas generaciones. Por eso se naturalizaron en nuestros programas de gobierno de forma que han expresado la voluntad de todos y cada uno de los que los aprobaron en los congresos frenteamplistas. Mayor empeño supuso que los votara la ciudadanía cuando fue consultada en las elecciones nacionales, pero lo hizo en las últimas dos oportunidades.

Pero la ideología de los derechos humanos no sólo aportó sustento a la defensa de los derechos cívicos y democráticos, también aportó nuevas ideas y razón de ser a la militancia frenteamplista cuando cundía el desconcierto o allá donde las autocríticas de sus partidos eran pobres o inexistentes, luego de haber sido golpeados en sus estrategias  por las profundas derrotas de los 70 para unos y/o por los cambios en el mundo socialista luego de la glasnost y la caída del muro de Berlín en los 80, para otros.

La jerarquía del tema se demostró en repetidas oportunidades. Cuando la Comisión de Derechos Humanos del FA, en el 2006, organizó un curso en derechos humanos con un abordaje integral, se contó con la participación constante de un grupo numeroso de militantes, ávidos por la temática, que luego se comprometieron, en un segundo curso de educación popular,  a reproducir sus contenidos en el seno de los comités de base. Pero la construcción de una masa crítica sobre la temática supone el correlato desde la fuerza de gobierno de oír sus opiniones especialmente cuando votan y toman decisiones y este sigue siendo el lado flaco de las políticas participativas.

Otra muestra de interés y compromiso, fuera del Frente Amplio, fue la convocatoria que tuvieron los cursos de derechos humanos del Ministerio de Educación y Cultura, con el mismo abordaje integral, que debieran haber dado la pauta de la significación que esta temática tenía para la ciudadanía. Desde las organizaciones sociales las Marchas de los 20 de Mayo, las denuncias de delitos de lesa humanidad presentadas ante la Justicia y la convocatoria a anular la Ley de Caducidad por plebiscito fueron fuertes indicadores de la voluntad de grandes sectores populares.

 Sin embargo, y a pesar de lo sentido del tema, parecería que nuestro FA padece de una suerte de bicefalismo, que generó grandes debates internos y que lo muestra con una cabeza en los congresos programáticos, máximo órgano de decisiones frenteamplistas, y otra en las acciones de  gobierno y en las opiniones reiteradas de algunos dirigentes.

Una necesidad postergada

Por ejemplo, y para tomar un tema actual, la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). En el Congreso “Héctor Rodríguez”, se definió: “El gobierno del EPFA impulsará la creación de una estructura institucional en el aparato del Estado, que tenga integración mixta –gubernamental y no gubernamental- que ostente la mayor autonomía, que pueda actuar en la promoción y protección de los derechos humanos, en el seguimiento de los grandes temas relativos a esos derechos y que sea capaz de generar una política nacional en la materia. Dicha institucionalidad buscaría la creación de un Sistema Nacional de Derechos Humanos.”

Llegado el momento en que el primer gobierno frenteamplista debió implementar lo que indicaba el programa, se decidió que esta no sería una de las primeras acciones de gobierno. Al asumir, el flamante gabinete ministerial firmó el proyecto de ley de urgente aprobación que crearía el Ministerio de Desarrollo Social; sin embargo, para la creación de la INDDHH se optó por hacerlo en cámara lenta. A pesar de tener mayorías parlamentarias se la sometió a una larga discusión y recién se aprobó en el año 2008 cuando ya no había tiempo de asignarle partidas presupuestales para su implementación. La instalación debió esperar a la segunda legislatura que, recién ahora, dos años después de iniciar su funcionamiento, estuvo en condiciones de discutir la plancha de cinco postulantes para su Consejo Directivo.

En el Congreso siguiente, los frenteamplistas volvieron a votar su compromiso con la INDDHH. En el capítulo destinado al Uruguay Democrático, se decía: “La creación de una estructura institucional con integración gubernamental y no gubernamental para el seguimiento de los grandes temas relativos a los derechos humanos, resulta relevante para el próximo período de gobierno…”.

Entre sus artículos, votados en 2008 con mayorías parlamentarias frenteamplistas, la Ley 18.446, establece una votación de tres quintos de la Asamblea General para la integración del Consejo Directivo de la Institución, como si no hubieran existido antes los trancazos de los partidos tradicionales para la elección de los integrantes de los organismos de contralor o para el nombramiento del Fiscal de Corte. ¿Alguien nos obligó a crear ese embudo? Llegamos al colmo, a siete años de gobierno, de tener que negociar con Pedro Bordaberry la integración del Consejo Directivo para la votación por tres quintos de defensores incuestionables de los derechos humanos, como la fiscal Mirtha Guianze.

Cabe preguntarse entonces, ¿era esto lo que querían los congresales que en 2003 votaron el programa? ¿Votamos por las eternas negociaciones partidarias por espacios y sueldos de poder o queríamos exactamente lo contrario?

Lo que resulta claro es que si lo que se pretendió fue enlentecer o diferir en el tiempo la instalación de una institución autónoma con participación de la ciudadanía, que analizara el curso de los derechos humanos en nuestro país, eso se logró. Y si el objetivo era poner paños fríos a la preocupación que existió por el tema durante el primer gobierno del FA, también se logró.

Si algo caracteriza a la militancia frenteamplista, partidizada o no, es su capacidad de análisis crítico. ¿Creemos que estas actitudes son estimulantes de la actividad militante? ¿Podemos quejarnos de la escasa participación en comités y actividades sin asumir la responsabilidad que le toca a las políticas de gobierno?

“Los hermanos sean unidos…”

Fue también desde la Comisión de Derechos Humanos del FA que se propuso a la comisión de programa los contenidos del programa para el segundo gobierno frenteamplista que en lo referente a la impunidad proponía:

“La sociedad uruguaya debe caminar hacia un estado de la verdad, donde cada actor social y político se haga responsable de sus actos y responda ante la sociedad a través de la Justicia, reafirmando la acción independiente del Poder Judicial. Ideológica y moralmente alejados de la búsqueda de venganza, porque la reconstrucción de una sociedad incluyente requiere de un amplio debate político sobre el pasado reciente… Se deberá avanzar en materia legislativa en la adecuación plena de nuestro ordenamiento jurídico a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, convocando a la sociedad uruguaya a la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Por el futuro y por la solidez del proceso de transformación de la sociedad y del Estado, debemos afrontar esta responsabilidad. Sólo así podremos cerrar las heridas aún abiertas y poner a la sociedad de cara a una convivencia tolerante, respetuosa del otro y solidaria.”

En este tema también fue notorio el bicefalismo frenteamplista. Al tiempo que el FA aportaba 150.000 dólares a la campaña por la anulación de la ley de caducidad y que sus legisladores firmaban la convocatoria de lanzamiento de la campaña desde el Paraninfo de la Universidad, los principales candidatos, aunque mencionaron a veces el tema, no lograron hacer discursos entusiastas que invitaran a su militancia a sumarse al voto de la papeleta rosada y las campañas fueron vivenciadas como escindidas por el electorado frenteamplista.

Aunque asumimos el papel regresivo de los resultados, primero del referéndum de 1989 y luego del plebiscito de 2009, cabe preguntarse, ¿si esto estaba en el programa, por qué fue necesaria la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH para que los diferentes mecanismos de reparación en derechos humanos a las víctimas de la dictadura y también al conjunto de la sociedad se activaran?

Pero no todas son pálidas, la búsqueda de la verdad y de los restos de los desaparecidos han tenido logros importantes a pesar del silencio cómplice de los militares. Los juicios impulsados por los familiares utilizando los huecos de la Ley de Caducidad que escapaban a la impunidad, ya en 2009 tuvieron como resultado las primeras condenas de los principales responsables de delitos de lesa humanidad. Y, más cerca aún, la revocación de todos los actos administrativos con los que los gobiernos anteriores habían incluido las sucesivas denuncias de las víctimas de delitos de lesa humanidad  en la Ley de Caducidad permitió el desarchivo de múltiples causas que hoy siguen su curso. Largo fue el camino hacia el libre ejercicio de la Justicia y es imposible incluir cada uno de los pasos en este artículo. Lo que preocupa  ahora  es que habiendo hecho todas las cosas que hizo el FA en el gobierno, algunas bajo presión y otras no, haya sectores que prefieren no acumular políticamente sobre esos avances y no desarrollar un discurso estimulante para la ciudadanía que permita convencerla sobre la importancia que el tema tiene para nuestro futuro. Un discurso que habilite la construcción de una cultura basada en el respeto a los derechos humanos,  permanezca en el tiempo y se convierta en el nuevo ideario uruguayo.

Todavía estamos a tiempo.

*Escritora

 Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.7